Hay consenso sobre que la Fiscalía (quizás debiera decir "Ministerio Público", pero opto por el lenguaje natural, ya que esta es una discusión política) debe ser
independiente del poder político. También está claro que entre sus funciones, descuella la defensa del
interés público. Ahora bien, ¿No serán contrapuestos estos términos?
Una Fiscalía totalmente aséptica, que no registra los vaivenes de las mayorías, que no se deja llevar por la opinión pública (o publicada), que hace caso omiso a los intereses del gobierno y a los sectores dominantes, suena como una utopía de la independencia. Pero es muy posible que ese diseño la aleje del interés público y la deje pegada a la escala de valores que predomina en el grupo social al que pertenecen las élites jurídicas. No es razonable pensar que los fiscales serán siempre personas virtuosas y sabias y que por tanto, sabrán, querrán y podrán interpretar fielmente el interés público (de hecho, ni siquiera estoy seguro que podamos describir en forma exacta y unívoca en qué consiste el tan mentado "interés público").
Procurando demostrar que no todos pensamos en lo mismo, permítanme ciertas asociaciones libres:
interés público > interés general de la comunidad > bien común > bienestar general > orden y moral públicos > opinión pública > escala de valores socialmente aceptada > sano sentimiento del pueblo (ah, no, ese no... ¿o sí?) y algunos etcéteras.
No quiero general malentendidos: aunque no es fácil definirlo, creo firmemente que el interés público (o como se lo llame)
debe estar a la cabeza de las preocupaciones de la Fiscalía. Incluso, más que el propio interés de la víctima.
Y esto merece una explicación sólo en apariencia digresiva: coincidiremos en que no siempre el interés de la víctima es armónico con el interés del resto de la comunidad a la que pertenece. Cuando esos intereses divergen, algunos optan por priorizar el interés de la víctima directa (para no revictimizarla en el altar de la comunidad), otros por someter su interés (egoísta) al interés general de la sociedad (que en definitiva, también la incluye). Por lo general, sostenemos que el fiscal es quien debe procurar conciliar o ponderar ambos intereses a la hora de tomar decisiones persecutorias.
Volviendo al centro de la cuestión, en ese balanceo de intereses, se juegan fuertes decisiones políticas y valorativas. A mi juicio, no es bueno dejar sin más esas decisiones en manos de una élite irrepresentativa. No se trata de falta de capacidad, ya que la cuestión es más valorativa que técnica. Es que una fiscalía asépticamente desconectada del pulso de la comunidad, no encontrará respaldo político para sostener sus decisiones, en la enorme zona gris entre "lo correcto" y el error a la hora de ejercer el poder penal.
Creo que por eso los norteamericanos tienen el
grand jury: la decisión de acusar o no acusar es también un acto soberano del pueblo, tanto como el de dictar veredicto. El fiscal prepara el caso y lo expone, asesorando al cuerpo de la sociedad representado en esos 24 tipos, sobre los costados jurídicos y las probabilidades a la hora del juicio. Pero la decisión requiere espaldas más anchas que las del erudito funcionario. Y por eso se deja en manos del pueblo.
Concluyendo esta pretensión provocativa: una fiscalía
demasiado independiente, recibirá muchas críticas a la hora de tomar decisiones polémicas. Una fiscalía
demasiado política, también.
¿Cuál piensan ustedes que es el camino?
Entradas
