Reforma Procesal Penal- Señales

Despacho a la modificación del mecanismo de subrogancias en el poder Judicial

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia dio despacho unánime a la modificación del mecanismo de subrogancias del poder Judicial y en igual sentido se expidió sobre la unificación de las cámaras Civil y Criminal de Zapala. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Guillermo Labate, invitado a la reunión para explicar los proyectos, descartó cualquier posibilidad de creación de organismos por la situación presupuestaria del poder Judicial. En relación a las subrogancias, señaló que representan el 30 por ciento del salario del magistrado reemplazado y se basó en ese argumento para desmitificar la idea de que generan más gastos que la creación de cargos. En otro orden, el cuerpo que preside el diputado José Russo también dio despacho por unanimidad a la creación de la “Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas”. Hacia el final de la reunión, Russo informó sobre la aprobación del despacho que crea el Colegio de Profesionales en Turismo de la provincia.

En su exposición, Labate dijo que el sistema de subrogancias es complejo y genera superposición de funciones. La propuesta, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial -N° 1436-, incorpora mayor operatividad y flexibilidad al TSJ para subrogar según las necesidades de cada circunscripción judicial. Fija como pautas la especialidad, el orden creciente de numeración de tribunales, la preservación de la garantía de imparcialidad objetiva y subjetiva en materia penal y la cercanía geográfica. De completarse el orden de subrogancia de las circunscripciones más próximas, se debe continuar con un conjuez designado por sorteo. El presidente del TSJ mencionó que la modificación pretende evitar la superposición de tareas y añadió que tiende preservar que “el magistrado que va fallar no intervenga en el proceso”.

Con relación al proyecto de unificación de Cámaras en Zapala, Labate indicó que el pedido –presentado por el propio TSJ- surge a partir de la creación de juzgados multifueros en San Martín de los Andes y Cutral Co, factor que incidió en la disminución del nivel de ingreso de expedientes en la sede zapalina. Subrayó que la medida contribuye a optimizar el recurso humano y adaptar las estructuras.

En otro orden, la comisión entrevistó a Roberto Fernández y Alejandra Barroso, propuestos como defensor oficial de Rincón de los Sauces y jueza de Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial, respectivamente. Los candidatos se manifestaron a favor de la reforma del Código Procesal Penal que se lleva adelante en la Legislatura. Ambos pliegos fueron girados a consideración de la Cámara por unanimidad.

A la vez, el cuerpo avaló la creación de la “Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas” que apunta a la elaboración de protocolos de trabajo para prevenir, proteger y reinsertar a la víctima de trata. Una de las tareas que tendrá a cargo es garantizar el acceso de las víctimas a servicios de atención médica, psicológica y jurídica.

Novedades en Neuquén

“Hay que profundizar los cambios en el Tribunal Superior de Justicia”

Guillermo Labate, actual presidente del organismo, indicó que se debe seguir el camino iniciado por Oscar Massei. También exhibió inquietud por el déficit en el presupuesto anual de este poder.

El funcionario se mostró a favor de la reforma del Código Procesal Penal y la incorporación del juicio por jurados.

Neuquén; El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia (TJS), Guillermo Labate, en un extenso diálogo con La Mañana de Neuquén explicó que como máximo responsable del órgano judicial buscará este año “profundizar los cambios” iniciados por el doctor Oscar Massei en 2009. Asimismo, exhibió su inquietud por el déficit en el presupuesto anual y reconoció que “es un año muy complicado”.
Se manifestó a favor de la reforma del Código Procesal Penal y la incorporación del juicio por jurados porque “es positiva la participación ciudadana”.

Sobre la Ciudad Judicial, aclaró que el Poder que integra ya cumplió con su parte y que el aporte financiero que resta será erogado por el Poder Ejecutivo provincial.
El ex juez federal resaltó el diálogo paralelo con los gremios de los empleados y los magistrados y puntualizó que el intercambio de opiniones es “permanente”.
También se refirió al tema penitenciario y cuestionó el trabajo del Ejecutivo en esa materia. “La población carcelaria está muy mal distribuida”, enfatizó Labate, quien a la vez se quejó de que no hay actividades laborales para los presos.

En cuanto a la investigación penal y sus falencias, hizo notar que, por distintas causas, no existe una explotación amplia de herramientas como los bancos de cotejo informáticos o las escuchas telefónicas.

Lejos de criticar los pedidos de enjuiciamiento de funcionarios y magistrados del Poder Judicial, Labate expresó que es saludable el “control ciudadano”, aunque se deberían evitar los extremos de la “destitución o nada” y buscar alternativas como sanciones o suspensiones momentáneas.

¿Qué objetivos se ha planteado como presidente del TSJ?

El rol de presidente es rotativo en forma anual o sea, que son períodos un poco cortos para establecer una política del presidente. Por lo menos, mi intención es tratar de representar la voluntad o los proyectos del cuerpo desde la presidencia. En muchos aspectos, se trata de profundizar los cambios que operó el doctor (Oscar) Massei en su anterior gestión, reafirmar que el Poder Judicial no es un servicio de justicia, sino que es un poder entre cuyas funciones está la de administrar justicia.

¿Cómo se presenta el año en materia presupuestaria?

Es un año muy complicado. Venimos con una deuda ya desde el año pasado de más de 20 millones de pesos y el presupuesto estimado de este año, de no modificarse o de no aceptarse el nuestro, va a generar un déficit de alrededor de 60 millones. Esto obedece a varios factores. El presupuesto del Poder Judicial se integra casi exclusivamente con el 17 por ciento de los ingresos que tiene la provincia por coparticipación. En el momento de la ley de autarquía significaba un 6 por ciento del presupuesto real de la provincia; hoy está reducido casi a la mitad.

Nosotros estamos solamente ligados a la coparticipación. Esto ha generado la crisis financiera del Poder Judicial y por eso se envió el presupuesto para este año a la Legislatura, a fines del año pasado, solicitando un aumento en los términos de la coparticipación del 17 al 24. No es un aumento de partidas sino que es restablecer los antecedentes históricos -que generaron la ley de autarquía- como medio de mantener la independencia del Poder Judicial.

¿Desgasta la discusión por el presupuesto?

Justamente, la ley de autarquía era para que el Poder Judicial no tuviera los problemas financieros, o sea que tuviera asegurado un presupuesto suficiente para atender la actividad. De todas maneras, esto no afecta la labor jurisdiccional porque en el sistema, un vocal, desempeña nuevamente el cargo de presidente y a su vez, ese presidente, preside la junta electoral y también, tiene una circunscripción a su cargo como supervisor, además de las tareas de control administrativo, control de recursos humanos.

Esto se cubre con un poco más de trabajo y la recarga de tareas no importa ninguna diferencia salarial, ni mengua la función jurisdiccional.

Previendo esto, se efectivizó -era de muy vieja data- el sistema de salas. Comparativamente, por trimestre, se ha casi quintuplicado la cantidad de resoluciones en el ámbito jurisdiccional. Sería interesante no estar preocupado si llegamos a pagar los sueldos o los alquileres, pero son las cuestiones que hay que afrontar.

¿Qué tan necesaria es la reforma del Código Procesal Penal?

Yo creo que es un aggiornamiento y ponernos un poco al día con las garantías que debe tener todo procedimiento. La provincia había sido casi una de las precursoras, en el ’86, en incorporar el código mixto; el proyecto Levene se llamaba en esa época. Creo que fue la segunda o tercera provincia con un sistema de oralidad en el procedimiento penal. Se fue modificando, no en la base, se mantuvo en un esquema mixto, inquisitivo, que tenía la provincia, que era de la aplicación del código federal. El Código de Procedimientos en material penal tuvo un avance muy importante en 1986, pero desde ese año a ahora, pasó mucha agua bajo el puente y este sistema, que al principio cubrió un poco las expectativas de cambio, hoy ya está muy superado por el sistema acusatorio, que es la reforma que se está trabajando.

Toda reforma trae sus pro y sus contras. Hay una comisión trabajando en esto que, de acuerdo a los datos que tengo, antes de fin año estaría terminado el proyecto.
A nivel de implementación, va a haber que adecuar algún tipo de instalación, la estructura de los juzgados del ámbito penal o de las cámaras. Pero creo que lo importante es lograr el cambio mental porque la experiencia del ’86 llevaba a que, si bien se había cambiado el código, no se habían cambiado los automatismos, algunas costumbres.

¿La sociedad neuquina está preparada para el juicio por jurados?

Durante las dictaduras que tuvimos que padecer, había una pregunta bastante parecida. ¿El pueblo estará preparado para votar? Entonces no se votaba, se mantenía la dictadura. Yo creo que los pueblos y sobre todo el argentino, tienen una gimnasia para adaptarse a los cambios. Argentina es un país de permanentes cambios y el Poder Judicial sufrió estas consecuencias.

Siempre decimos internamente que si lo que pasa en Argentina le pasa a un juez español se tira de la ventana de su despacho porque en acá tenés una regulación y después te aparece la convertibilidad, el ‘australazo’, el ‘Plan Primavera’ y terminamos con el corralito que si bien son temas económicos, pasa que un juzgado que tenía 5.000 causas, de golpe y porrazo, pasa a tener 30 mil o sea, genera problemas en el funcionamiento del Poder Judicial.

Creo que el sistema de jurados tiene sus pro y sus contras, como todo sistema, pero todo lo que haga a la participación ciudadana, al conocimiento del funcionamiento de sus instituciones, es positivo.

¿Hay una materia pendiente en la investigación de hechos de corrupción?

Hay un montón de materias pendientes en los temas de corrupción. De hecho, por enriquecimiento ilícito en la Argentina, los contamos con los dedos de media mano, sacando alguna mujer famosa (María Julia Alsogaray) no hay investigaciones. No es un problema estrictamente judicial porque hay otros mecanismos de control, sin perjuicio de las declaraciones juradas, de la ley de ética pública. Las cosas no son tan difíciles, son relativamente fáciles: si un funcionario gana 5.000 pesos y usted lo ve con una 4x4 y una casa de 200 mil dólares, no parece ser muy complicado. El problema es cómo se instrumenta esa investigación, con qué mecanismos cuenta el Poder Judicial. No tiene el Estado mecanismos de defensa para contrarrestar las maniobras, no es sólo un tema judicial, es un tema general.

¿Le preocupan los juzgamientos impulsados contra los magistrados y funcionarios judiciales por su desempeño?

Tiene serias falencias la ley (de enjuiciamiento) tal cual está, y hoy hay un despacho para modificar ese sistema. El Poder Judicial es un sistema muy controlado, muy autocontrolado.

Todo juez está permanentemente controlado por las partes, que son el fiscal, el defensor particular y por el propio sujeto interviniente. Lo que decide el juez, lo revisa una cámara de tres jueces y lo que resuelve esa cámara, lo revisa un tribunal. Y lo que resuelve el tribunal, lo puede revisar la Corte (Suprema de Justicia). Es un sistema que tiene muchos controles internos. Yo diría que es el único poder del Estado que tiene este tipo de controles permanentes, regulares y efectivos.

Por supuesto, todo sistema tiene sus falencias, su forma de mejorar. Este paso de modificar el sistema de jurado de enjuiciamiento de los magistrados es muy importante porque se vincula a la transparencia, al control ciudadano, a que el funcionario que no cumple su función, sea sancionado. Es interesante que se revise su actuación porque ahí se va a determinar si fue mal denunciado o qué castigo hay que aplicarle.

Pero en este sistema no hay sanciones intermedias, hay destitución o nada y no es lógico que un sistema tenga ese extremo. En otros sistemas, están las suspensiones, las multas, en el nuestro no; por suerte, este punto es materia de tratamiento legislativo.

Y la Justicia neuquina, ¿cómo está respecto de los sistemas en otras provincias?

La defensa pública está considerada una de las mejores del país. Comparativamente con otras, es una muy buena Justicia, esto no significa que sea el ideal o lo que la gente considera el ideal de la justicia. Es chica, con funcionarios y magistrados muy capacitados, con personal muy eficiente. Esto no significa que la sensación de la gente sea de que es una Justicia óptima, pero comparativamente es muy buena.

Avanza la Reforma Procesal Penal en Neuquén- Argentina

Entregan informe técnico de reforma del Código Penal

La comisión de Asuntos Constitucionales recibió hoy el informe técnico final de reforma al Código Penal. La coordinadora de la comisión de reforma de los Códigos procesales, Carla Pandolfi, consideró que el trabajo representa una modificación integral del sistema de administración de justicia y permite pasar de sistema de tipo “inquisitivo” a uno “adversarial” que incluya las pautas constitucionales incorporadas en la reforma de 1994. El trabajo demandó siete meses y quedó plasmado en un informe de 200 páginas. José Russo, presidente de la comisión, adelantó que en la próxima reunión Pandolfi expondrá los principales lineamientos del informe técnico.

La comisión técnica elaboró un informe que reorganiza el sistema judicial y permite la introducción del juicio por jurado; la creación del Colegio de Jueces y de la Oficina judicial, entre otras reformas. Russo indicó que la propuesta ahora debe ser analizada por la propia comisión interpoderes, compuesta por diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial.

fuente www.legislaturaneuquen.gov.ar